Vivir en la espera: cómo se siente, en una familia de Córdoba, el tiempo que tarda el Estado en responder

Son las nueve de la mañana de un martes cualquiera en un barrio de Córdoba capital y, otra vez, la rutina empieza con la calculadora. Esta madre que conozco desde hace tiempo -la ubico en el living de su casa, con la planilla de gastos en la mano y el teléfono sonando para coordinar turnos- me cuenta, mientras ordena unos papeles, que cada mes vuelve a hacer cuentas para ver hasta dónde llega. A su lado, un chico espera la rehabilitación que, según le prometieron, ya tendría que haber empezado. No es un caso aislado: es la postal más repetida del informe que la Defensoría del Pueblo de Córdoba presentó el 5 de octubre de 2026 y que describe, con nombre y apellido, lo que viven las familias que necesitan acceder a derechos vinculados con la discapacidad.

El primer cuello de botella: certificar para poder empezar

Para casi todo lo que viene después, hay un paso previo que parece sencillo pero se vuelve un laberinto: tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El relevamiento de la Defensoría recuerda que en la Ciudad de Córdoba funcionan juntas evaluadoras en siete hospitales públicos, dos de los cuales son pediátricos, y que en esos lugares la asignación de turnos puede estirarse entre dos y tres meses. A ese primer tramo se suman las esperas para conseguir consulta con los especialistas que deben intervenir en el expediente. Es decir, antes de empezar cualquier terapia, muchas personas ya llevan varias semanas -a veces varios meses- peregrinando por consultorios.

Pero ese es solo el comienzo. Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del documento, sintetiza lo que vino después: demoras de cuatro a nueve meses para acceder a prótesis y medicamentos, y plazos de nueve a catorce meses para ingresar a centros de rehabilitación. Son cifras que el informe recogió a partir de entrevistas y grupos focales, por lo que describen experiencias concretas y no permiten anticipar cuánto tardará cada trámite en particular. Aun así, sirven para dimensionar el problema: estamos hablando de períodos que superan con creces lo que cualquier tratamiento serio puede tolerar sin perder efecto.

Lo que pagan las familias mientras tanto

Porque la espera, en discapacidad, no es. Cada mes sin la prestación que corresponde es un mes en el que algo se paga igual. La madre a la que acompaño en esta historia me lo dice sin dramatismo, casi como si fuera una obviedad: "Si no lo hacés vos, no lo hace nadie". Ella lleva cerca de dos años sosteniendo con dinero del bolsillo la atención particular de su hijo. Según el informe, ese gasto puede moverse entre 150.000 y 180.000 pesos sólo en sesiones, a lo que se suman traslados y apoyos escolares. El documento también describe un fenómeno que las investigadoras conocen bien y que acá se vuelve a repetir: la sobrecarga de los cuidados recae sobre las mujeres, que en muchos casos reducen su jornada laboral, resignan ingresos o directamente dejan de trabajar para acompañar los tratamientos.

• Certificado Único de Discapacidad: turnos de 2 a 3 meses en hospitales pediátricos de la Ciudad de Córdoba.
• Prótesis y medicamentos: esperas de 4 a 9 meses según el informe.
• Ingreso a centros de rehabilitación: plazos de 9 a 14 meses.
• Gasto particular en sesiones: entre 150.000 y 180.000 pesos por mes en el caso relevado.
• Atrasos en pagos de obras sociales y programas: de varios meses hasta un año.
• Aumento de aranceles del nomenclador nacional (dic. 2023 - ago. 2026): 225% promedio, contra una inflación acumulada del 336%.
• Nafta súper en igual período: suba del 559%; valor reconocido por kilómetro: 231%.

“Las demoras afectan la continuidad de los tratamientos y, cuando la familia puede, se termina pagando de manera particular para no perder lo que ya se logró. Cuando no se puede, la consecuencia es la interrupción de las terapias.”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto de Córdoba

El informe no se queda en la mirada de las familias. También pone el foco en el otro lado de la cadena: quienes prestan los servicios. En las entrevistas aparecen retrasos de varios meses y hasta un año en los pagos que deben girar las obras sociales y los programas estatales. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional subieron un 225% promedio, mientras la inflación acumulada llegó al 336%: en la práctica, alcanza para menos. El transporte, indispensable para llegar a las terapias, muestra una brecha similar: en ese mismo período la nafta súper aumentó 559% y lo que se reconoce por kilómetro, 231%. La Defensoría vincula ese combo de desfasajes con instituciones que ya están ajustando gastos de funcionamiento y con otras que directamente corren el riesgo de no sostener el servicio.

Vuelvo a la casa de esta madre, que mientras hablamos anota en una agenda las próximas llamadas que tiene que hacer para pedir un turno que todavía no sabe si le van a dar. Me despido en la puerta y me llevo, como cada vez, la misma sensación incómoda: que en algún lugar del recorrido administrativo hay alguien para quien estos meses de espera son sólo un número, y que del otro lado, en los hogares, esos mismos meses son terapia perdida, plata que no alcanza y cansancio acumulado. El informe de la Defensoría no pretende medir toda la realidad de la discapacidad en Córdoba -él mismo aclara que se trata de testimonios-, pero sí pone en palabras algo que esta familia y tantas otras ya saben: que la demora, cuando se repite, se vuelve una forma de violencia silenciosa. Y que mientras la espera siga siendo tan larga, la respuesta seguirá llegando, en muchos casos, del bolsillo de cada hogar.