Pandanés solicitó concurso preventivo con un pasivo cercano a los 1.200 millones de pesos y la Justicia abrió un registro de salvataje

La cadena de panaderías Pandanés presentó un pedido de concurso preventivo con un pasivo que, según consta en el expediente, ronda los 1.200 millones de pesos, tras el cierre de sus 25 sucursales y la desvinculación de 150 empleados en los últimos meses. La firma argumentó que atraviesa una cesación de pagos desde octubre de 2025, atribuida a una caída del consumo superior al 50% de su volumen histórico y a un alza sostenida de sus costos de operación.

La solicitud fue radicada ante el Juzgado Comercial N.º 15, a cargo del juez Pablo Frick, quien rechazó la quiebra directa y ordenó la apertura de un registro por cinco días para que acreedores, cooperativas u otros interesados puedan inscribirse y presentar propuestas de acuerdo preventivo o de adquisición de las cuotas sociales. La decisión se fundó en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que dispone agotar el procedimiento de salvataje antes de declarar la quiebra cuando se cumplen los requisitos legales.

Los argumentos de la empresa

En su presentación, Pandanés describió tres factores que habrían desencadenado el deterioro progresivo de sus márgenes: la retracción del consumo, el sobredimensionamiento de su estructura productiva y el encarecimiento de insumos clave. La planta industrial, de 1.778 metros cuadrados, fue inaugurada en noviembre de 2022 con una capacidad dimensionada para abastecer hasta 50 locales propios, por lo que el cierre de sucursales dejó una capacidad instalada muy superior a las necesidades operativas actuales mientras los costos fijos —alquileres, energía y personal— se mantuvieron sin variantes.

“Provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos”Lise Lundme Funch, gerente de Pandanés

La compañía reconoció además que intentó renegociar alquileres, modificar su cartera de proveedores y alcanzar acuerdos con el fisco, pero aseguró que esas medidas no alcanzaron para revertir el cuadro. La sindicatura también detectó que la empresa no habría acreditado el pago de aportes a la obra social, la ART y otros conceptos, un extremo que el expediente deberá esclarecer en las próximas instancias.

Lo que aún falta confirmar

El cierre de los locales y las desvinculaciones se comunicaron por WhatsApp, y los trabajadores despedidos aún no recibieron los telegramas formales ni pudieron retirar sus pertenencias de los locales. Resta definirse si en el plazo de cinco días hábiles se presentará alguna propuesta concreta de salvataje —por parte de acreedores, cooperativas o eventuales adquirentes— y, en caso afirmativo, bajo qué condiciones. También queda por aclararse la situación de las deudas previsionales y de la seguridad social señaladas por la sindicatura, así como el eventual destino de la planta industrial y de las fuentes de trabajo restantes. Hasta tanto esos puntos no se resuelvan en el expediente, no es posible anticipar el resultado del proceso.