Un candado, una bici y una multa: la Justicia le dijo al supermercado que hacerse cargo de su playa no es optativo
Un cliente neuquino perdió la bicicleta que había dejado atada en el estacionamiento de un súper y la Dirección de Protección al Consumidor multó al comercio. La Justicia confirmó la sanción, que equivale a cinco canastas básicas alimentarias, cerca de los 4 millones de pesos. Mientras tanto, el expediente civil para reponer el rodado sigue abierto.

Le cuento la escena tal como me la imagino reconstruyendo los papeles: un tipo llega en bicicleta al supermercado, baja, la traba con candado en el lugar donde otros clientes también dejan sus rodados, cruza la línea de cajas, compra lo que iba a comprar y vuelve al estacionamiento. La bici ya no está. El candado tampoco. El hombre se queda ahí parado, mirando el hierro donde había apoyado el cuadro, y lo primero que siente no es bronca, sino esa rareza de haber hecho todo bien y que igual no haya alcanzado. Esa sensación la conozco y la imagino porque me la crucé en cada entrevista sobre hechos parecidos: la sensación de que el Estado o el comercio al que uno le confió algo durante veinte minutos debería, al menos, hacerse cargo.
La multa que la Justicia acaba de confirmar
Lo que pasó después es lo que me interesa contar. Ese cliente fue hasta la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, el organismo que en Neuquén defiende a los usuarios, y presentó el reclamo. La dirección entendió que el supermercado no había garantizado condiciones mínimas de seguridad en su propia playa de estacionamiento y le imputó la responsabilidad. La multa fue fijada en un valor equivalente a cinco canastas básicas alimentarias, un parámetro que se usa para medir sanciones administrativas porque representa un monto significativo para cualquier comercio y, a la vez, proporcionado a la falta.
El supermercado, claro está, no se quedó de brazos cruzados: ejerció su defensa en sede administrativa y después llevó el caso a la Justicia. Ahí fue donde la cosa se cerró. El fallo judicial ratificó la sanción impuesta por la dirección provincial. En plata, la multa ronda los 4 millones de pesos, una cifra que supera con creces lo que habría costado reponer una bicicleta y que deja una señal clara: para el Estado neuquino, garantizar seguridad en un espacio que el propio comercio ofrece no admite letra chica.
Por qué no alcanza con poner un cartel que diga "no nos hacemos cargo"
Quiero detenerme en algo que me parece clave para los lectores, porque es la parte donde los supermercados suelen buscar refugio: la cartelería. Esas láminas que vemos en las entradas, en los ingresos a las cocheras o en las playas, con letras grandes que avisan que el comercio no se responsabiliza por robos o daños en el estacionamiento. La Dirección Provincial fue tajosa con esa práctica: sostuvo que esa cartelería no tiene valor legal y, peor todavía, puede inducir a confusión en el consumidor. Para el organismo, el aviso es casi una trampa: le dice al cliente que está solo, cuando la normativa dice otra cosa. Y avisó que los comercios que insistan con esos carteles pueden recibir una infracción adicional.
La causa civil sigue abierta y la multa sirve como prueba
Mientras tanto, el hombre de la bici no se quedó esperando. En paralelo a la multa que ahora quedó firme, mantiene abierto un expediente en el fuero civil para reclamar el resarcimiento económico directo, el valor del rodado que le sustrajeron. Desde la dirección provincial explicaron que el expediente administrativo funciona como prueba preconstituida en ese juicio civil, es decir, como un antecedente formal y firme de que el organismo ya evaluó el hecho y concluyó que la responsabilidad del comercio está acreditada. No es poco: significa que cuando el damnificado vaya al juzgado civil a pedir que le devuelvan lo suyo, no partirá de cero, sino de una sanción que ya tiene firma judicial.
Vuelvo al principio, a ese hombre parado en la playa de estacionamiento, mirando el hierro donde había estado la bici. La multa que la Justicia acaba de ratificar no le devuelve el rodado ni le borra el mal momento, pero le reconoce algo importante: que no hizo las cosas mal. Puso el candado, usó el espacio que el comercio le ofreció y cumplió con los recaudos que un cliente razonable está obligado a cumplir. Si aun así se quedó sin bicicleta, el problema no fue suyo, sino del establecimiento que eligió abrir las puertas y la playa como parte de su servicio. Para mí, esa es la parte que más vale la pena subrayar: en Neuquén, según lo que acaba de confirmar la Justicia, habilitar una playa de estacionamiento no es un gesto decorativo, es asumir una responsabilidad concreta, y quien no esté dispuesto a garantizarla tendrá que responder con los bolsillos.
Ahora bien, me quedo con la pregunta del final y se las traslado a ustedes, porque este tipo de cosas no pasa solo en Neuquén: ¿alguna vez les pasó de ir a un comercio, dejar el auto, la moto o la bici en el estacionamiento que el propio local les ofreció y volver para encontrar un daño o directamente la falta del vehículo? ¿Escucharon ese "no nos hacemos cargo" en la puerta y se quedaron con la duda de si eso era legal? Los leo en los comentarios, como siempre.
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