El nuevo régimen penal juvenil para adolescentes comenzó a regir este sábado en la Argentina, 180 días después de que la ley 27.801 fuera publicada en el Boletín Oficial. La norma reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece un esquema de sanciones graduadas según la gravedad del delito.

La privación de libertad queda reservada para los casos más graves, entre ellos los homicidios. Para esos supuestos, la legislación contempla tres modalidades: arresto domiciliario, internación en un instituto de régimen abierto o alojamiento en un centro especializado de detención. La pena máxima para menores es de 15 años, aunque los dos tercios de la condena pueden cumplirse bajo libertad condicional, lo que reduce el encierro efectivo a un máximo de diez años.

Sanciones alternativas y requisitos

• Para delitos de menor gravedad, como hurtos y robos sin armas, la norma habilita sanciones alternativas al encierro.
• En robos agravados con armas de fuego, los jueces pueden reemplazar la prisión por tobilleras electrónicas, prohibición de asistencia a determinados lugares o, en casos extremos, separación del menor de su entorno familiar si se acredita que ese ámbito fomenta la actividad delictiva.
• La aplicación de la pena alternativa exige dictamen pericial favorable, conformidad del Ministerio Público Fiscal y que se haya escuchado a la víctima.
• El adolescente no debe registrar condenas previas ni procesos con auto de procesamiento firme para acceder a las medidas sustitutivas.

Desde la sanción de la norma en el Congreso hasta su entrada en vigencia, al menos seis menores acusados de homicidio quedaron fuera del alcance del nuevo régimen por razones de edad al momento de los hechos. Entre los casos que no alcanzará la ley figura el asesinato del cabo Cristian Gerez, de 36 años, ocurrido el 20 de julio en Loma Hermosa, provincia de Buenos Aires. Los dos imputados, de 14 y 15 años, permanecen bajo custodia judicial pero no enfrentarán proceso penal ni condena. Bajo el esquema anterior, un menor considerado inimputable podía quedar internado en un instituto solo hasta los 18 años, sin registro de antecedentes.

Fuentes del ámbito judicial confirmaron que la implementación operativa del nuevo régimen demandará la puesta en marcha de centros especializados y la capacitación de los operadores del sistema. La próxima audiencia clave para definir los lineamientos de aplicación será la reunión del Consejo Federal de Justicia, prevista para las próximas semanas.