Mendoza abrió un canal gratuito para que consumidores renegocien deudas de tarjetas y préstamos personales

La Provincia de Mendoza puso en marcha un procedimiento de conciliación gratuita destinado a consumidores con domicilio real en el distrito que atraviesan dificultades para hacer frente a compromisos financieros contraídos con tarjetas de crédito, préstamos personales y otras modalidades de financiamiento al consumo. La iniciativa, instrumentada a través de la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), busca abrir una instancia formal de negociación entre deudores y acreedores antes de que la situación derive en instancias judiciales.

Quiénes pueden acceder y bajo qué parámetros

El esquema está dirigido a personas físicas consideradas consumidoras finales, que se encuentren en una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. La normativa fija como referencia que los compromisos financieros mensuales excedan el 30% de los ingresos netos del grupo conviviente. Cuando se configura un cuadro de especial vulnerabilidad social, ese umbral se reduce al 25%.

• Hogares con menores a cargo.
• Personas con discapacidad.
• Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
• Personas desempleadas.
• Beneficiarios de programas sociales.
• Trabajadores informales.

Además del requisito de vulnerabilidad económica, la Provincia estableció un tope de capital adeudado: el monto total no puede superar el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de solicitar la intervención. Este límite busca concentrar el mecanismo en deudas de consumo de volumen acotado y dejar fuera otro tipo de obligaciones.

El alcance comprende préstamos personales, financiamiento de compras en cuotas, tarjetas de crédito y deudas contraídas con plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas. En cambio, quedan expresamente excluidas las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas y las sanciones penales. Tampoco ingresan al procedimiento los pasivos de origen empresarial o comercial que no estén vinculados al consumo familiar.

Qué alternativas quedan sobre la mesa

La herramienta no garantiza una quita ni un plan de pagos en forma automática. El procedimiento contempla la posibilidad de discutir una extensión de los plazos de cancelación, la aplicación de períodos de espera o grace, la eliminación de intereses punitorios y la eliminación de cargos por mora, así como el diseño de nuevos esquemas de cuotas. Cualquier modificación de las condiciones originales requiere, en todos los casos, un acuerdo expreso con los acreedores involucrados.

Desde la órbita provincial se aclaró que el Estado no tiene facultades para imponer condiciones de manera unilateral a las entidades creditoras. La conciliación funciona como un espacio de mediación en el que la OCDC facilita la comunicación entre las partes, pero la decisión final sobre quitas, esperas o reestructuraciones depende exclusivamente de lo que cada acreedor acepte en el marco de la audiencia.

Para iniciar el trámite, la persona interesada debe presentarse ante la OCDC con un detalle de sus acreedores, los importes adeudados y un inventario actualizado de sus activos y pasivos. Una vez recibida la solicitud, la Dirección de Defensa del Consumerismo procede a citar a los acreedores, que cuentan con un plazo de hasta 10 días hábiles para informar su postura sobre la deuda y las condiciones que están dispuestos a ofrecer. Resta confirmar cómo se instrumentará el seguimiento de los acuerdos alcanzados y qué sucederá en los casos en que las entidades convocadas no concurran o rechacen cualquier tipo de propuesta.