Condenan a dos camioneros bolivianos por desviar 35 toneladas de acetato de etilo

El Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta condenó a cuatro años y ocho meses de prisión a Juan Carlos Nina González y Carlos Puma García, ambos conductores de camiones de nacionalidad boliviana. La carga que transportaban era de más de 35 toneladas de un precursor químico controlado, con destino a Bolivia. La sentencia fue homologada el 22 de octubre por la jueza Marta Liliana Snopek.

Los acuerdos y la carátula

Los condenados aceptaron las penas propuestas por la fiscalía a cargo del fiscal federal subrogante Marcos Romero, de la Sede Descentralizada Orán, mediante acuerdos plenos. Fueron declarados coautores del delito de contrabando agravado de precursores químicos mediante documentación adulterada, en grado de tentativa, y del ingreso de esas sustancias a zona de frontera sin autorización.

Un control en Aguas Blancas

El operativo se produjo el 16 de marzo de 2026, cuando personal de Gendarmería Nacional controló dos camiones en el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, en Salta. Los vehículos llevaban 191 tambores con 35.144 kilos de acetato de etilo: 95 en uno y 96 en el otro.

• La documentación indicaba que la carga saldría por el paso de Salvador Mazza.
• El destino declarado era Cochabamba.
• Los camiones habían recorrido el norte y el litoral argentino hasta llegar a Aguas Blancas.
• Al cotejar los permisos con el Registro Nacional de Precursores Químicos (Renpre), las patentes no estaban habilitadas para la operación.

Documentación alterada y pericia

La fiscalía determinó que la autorización había sido adulterada. Según la investigación, alguien incorporó las patentes de los camiones a un documento con el formato del sistema de Gestión Documental Electrónica del Estado, para darle apariencia de legalidad al traslado.

Un peritaje de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal confirmó que la sustancia era acetato de etilo. Esta figura en el listado del Renpre por su potencial uso en el refinamiento de clorhidrato de cocaína.

La causa tuvo alcance internacional. La Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) articuló el intercambio de información con autoridades bolivianas, lo que permitió incorporar documentación de un allanamiento.